Ahora que tenemos elecciones a la vista, las pensiones vuelven a ocupar un lugar central en el debate, junto con la vivienda.

Por un lado, están quienes defienden el sistema actual; por otro, quienes aseguran que está quebrado. ¿Quién tiene razón? La respuesta breve es: ambos y ninguno. Depende de si consideramos las aportaciones del Estado una herramienta legítima para sostener el sistema o la prueba de que este no puede financiarse por sí mismo.

Este análisis intenta responder a esa pregunta a partir de los datos y contemplando marcos ideológicos diferentes. No pretende demostrar que existe una única solución, sino explicar qué propone cada modelo, qué costes tiene y en qué circunstancias ha funcionado o fracasado.

Para hacerlo, conviene apartarse de los extremos habituales del debate: ni «vienen los rojos» ni cualquier reforma supone automáticamente «acabar con todos los derechos». Entre ambos relatos existe una discusión mucho más interesante sobre quién debe pagar las pensiones, quién debe asumir el riesgo y qué otras prioridades estamos dispuestos a posponer para sostenerlas.

Desde el inicio hasta el día de hoy

El sistema público de pensiones actual en España no se creó de la noche a la mañana, sino que es el resultado de una evolución histórica. Sin embargo, su estructura y funcionamiento moderno nacen formalmente entre1963 y 1978. [1, 2]

Las cotizaciones no han aumentado de forma continua desde la Transición: el tipo general era incluso superior en 1982. El cambio se produce desde 2023, cuando comienzan a añadirse nuevas vías de financiación —el MEI, el aumento de la base máxima y la cuota de solidaridad para los salarios altos— que incrementan progresivamente las aportaciones, sobre todo las de las empresas.

La estrategia también ha cambiado: frente a las reformas anteriores, centradas en retrasar la jubilación o endurecer el cálculo, las más recientes protegen las pensiones con el IPC y trasladan una parte mayor del ajuste a trabajadores, empresas y rentas salariales altas.

¿Qué sistema de pensiones tenemos a día de hoy?

El sistema español actual es de reparto. En este sistema, cada trabajador aporta a una caja común con la que se pagan las pensiones de quienes las reciben actualmente. La financiación procede principalmente de las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas tanto por los trabajadores como por las empresas.

En el caso de los trabajadores, estas cotizaciones se descuentan directamente de la nómina e incluyen conceptos como las contingencias comunes, el desempleo, la formación profesional y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Por su parte, la empresa realiza aportaciones adicionales por cada empleado. De todos estos conceptos, las contingencias comunes y el MEI son los más directamente relacionados con la financiación de las pensiones.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es una cotización extra y temporal (hasta 2050) a la Seguridad Social en España que busca garantizar el pago de las pensiones ante la jubilación de la generación del baby boom.

Por tanto, tus cotizaciones no se guardan en una cuenta individual a tu nombre para pagar tu futura pensión. Se utilizan para financiar las pensiones actuales, aunque también determinan si tendrás derecho a recibir una pensión y cuál será su cuantía cuando te jubiles. En ese momento, tu pensión será financiada principalmente mediante las cotizaciones de los trabajadores y las empresas de entonces, junto con otras aportaciones del Estado.

Ahora que entendemos el sistema actual de reparto, podemos empezar a analizar los datos desde diferentes puntos de vista, para entender sus ventajas y limitaciones frente a otras alternativas. Antes, conviene observar cómo ha evolucionado desde su creación.

¿Las contribuciones son suficientes para hacer frente al pago de las pensiones?

No siempre. Los datos históricos muestran que las cotizaciones constituyen una parte fundamental de la financiación, pero no bastan para cubrir todo el gasto. El Estado completa el sistema mediante transferencias presupuestarias y préstamos.

Veamos los datos históricos para entender cómo el Estado ha financiado el sistema mediante las cotizaciones sociales —incluidas figuras recientes como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cotización adicional de solidaridad— y otras aportaciones públicas.

La dependencia de recursos externos no pertenece a un único partido. Comienza tras la crisis financiera, se hace explícita durante el Gobierno de Rajoy y alcanza su máximo con la pandemia bajo Sánchez. Desde entonces, los préstamos disminuyen, pero han sido sustituidos en buena medida por transferencias del Estado: el sistema continúa pagando las prestaciones, aunque las cotizaciones por sí solas no cubren toda su financiación.

Al cierre de 2025, la deuda de las Administraciones de Seguridad Social con el Estado rondaba los 136.000 millones de euros, equivalentes al 8,1 % del PIB. Es una deuda acumulada —no el gasto de un solo año— y financia el conjunto de prestaciones y desequilibrios del sistema, no únicamente las pensiones de jubilación.

España dedica a las pensiones una proporción del PIB superior a la media europea. En 2025, el gasto público en pensiones rondó los 219.000 millones de euros, aproximadamente el 13 % del PIB. Para comparar países conviene utilizar el último dato armonizado disponible de Eurostat: en 2023, España destinó el 13,1 % del PIB a pensiones, frente al 12,3 % de la Unión Europea, y ocupó el sexto puesto.

El número de afiliados ha aumentado, pero también lo ha hecho el de pensionistas. En un sistema de reparto no basta con que haya más trabajadores que personas recibiendo una pensión: también importan sus salarios, porque las cotizaciones se calculan sobre las bases salariales.

La pensión media ha crecido, al igual que el salario mínimo. Sin embargo, la sostenibilidad depende de que la masa salarial —el número de cotizantes multiplicado por sus salarios— avance lo suficiente para financiar el aumento del gasto. Si las pensiones crecen más deprisa que los ingresos por cotizaciones, la diferencia debe cubrirse mediante impuestos, transferencias o deuda pública.

¿Qué debería suceder para sanear el sistema?

Existen varias vías: aumentar el número de trabajadores, elevar los salarios —lo que incrementaría los ingresos por cotizaciones— o crear nuevas fórmulas de recaudación dirigidas a las rentas y los patrimonios más elevados. ¿Cuál de estas alternativas es más viable y qué capacidad tendría cada una para reducir el desequilibrio?

La vía de la capitalización y los sistemas mixtos

La capitalización parte de una idea sencilla: que una parte de las cotizaciones deje de utilizarse exclusivamente para pagar las pensiones actuales y se acumule e invierta para financiar la jubilación futura de cada trabajador. Sus defensores sostienen que este modelo reduciría la dependencia del Estado y del número de cotizantes del mañana. El problema es la transición: si parte del dinero se destina al ahorro, ¿cómo se pagan mientras tanto las pensiones de quienes ya están jubilados?

Pasar de un sistema de reparto a otro con mayor capitalización tiene un coste inmediato. Las cotizaciones actuales financian las pensiones actuales; si una parte empieza a depositarse en fondos para los trabajadores del futuro, deja de estar disponible para los jubilados de hoy. Durante varias décadas habría que pagar simultáneamente las pensiones reconocidas y acumular el nuevo ahorro.

El coste dependería del porcentaje trasladado, del ritmo de implantación y de las generaciones afectadas. Como ejercicio puramente aritmético, sobre los 176.918 millones de euros ingresados mediante cotizaciones en 2025, desviar un 5 % de esa recaudación (unos 1,4 puntos de cotización) exigiría cubrir unos 8.846 millones adicionales al año; un 10 %, unos 17.692 millones. Podría financiarse con impuestos, deuda, cotizaciones adicionales o menores prestaciones, pero ninguna alternativa elimina el coste: únicamente decide quién lo soporta y cuándo.

Las propuestas de la derecha parten de un diagnóstico demográfico: vivimos más años y, por tanto, cobramos la pensión durante más tiempo. En España, una persona que alcanza los 65 años puede esperar vivir otros 21,9, casi dos más que la media de la Unión Europea. Para contener el coste, este enfoque propone aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, vincular su evolución a la esperanza de vida y reforzar la relación entre lo cotizado y la pensión recibida.

El segundo elemento consiste en acumular más ahorro fuera del sistema público de reparto. Los planes de empleo y los sistemas de capitalización permitirían financiar una parte de la jubilación con patrimonio invertido durante la vida laboral. Sus defensores sostienen que esto reduce la dependencia de los futuros cotizantes; sus críticos señalan que traslada al trabajador el riesgo financiero y favorece a quienes pueden ahorrar más.

El problema político está en que vivir más no significa poder trabajar más en las mismas condiciones. La esperanza de vida media no distingue entre un programador, un albañil, una limpiadora o alguien que llega a los 60 años desempleado. Por eso, vincular automáticamente la jubilación a la longevidad puede ser contablemente coherente y socialmente desigual.

En Europa no existe ningún sistema de pensiones completamente privado. Sí existen distintos modelos mixtos que combinan una pensión pública con mecanismos de ahorro y capitalización, una fórmula que también defienden partidos como el PP y Vox.

La capitalización tampoco es exclusiva de la derecha. El PSOE ha impulsado los planes de pensiones de empleo, basados en el ahorro colectivo promovido mediante empresas, administraciones y negociación colectiva. La diferencia política no reside tanto en aceptar o rechazar cualquier forma de capitalización, sino en su alcance, su gestión y el peso que debe conservar la pensión pública.

Un matiz importante al comparar las pensiones públicas es que estas no siempre representan la totalidad de los ingresos disponibles durante la jubilación. En Países Bajos, Suecia o Dinamarca, gran parte de los trabajadores participa en planes obligatorios o colectivos de empleo que complementan la prestación pública. En España, en cambio, estos instrumentos tienen una cobertura y un peso económico mucho menores, mientras que una proporción mayor del patrimonio familiar está concentrada en la vivienda. Por tanto, una pensión pública más baja no implica necesariamente una renta total inferior durante la jubilación: depende también de los planes de empleo, el ahorro acumulado y la situación de la vivienda.

La capacidad de ahorro también influye, pero no se distribuye de manera uniforme. Quienes tienen salarios altos y carreras estables pueden acumular más patrimonio, mientras que los trabajadores con salarios bajos, desempleo o periodos de inactividad llegan a la jubilación con menos capital. Por eso, los sistemas mixtos más extendidos no dependen únicamente del ahorro individual voluntario: utilizan planes colectivos o cuasiobligatorios para ampliar la cobertura.

La capitalización funciona de manera muy diferente cuando depende del ahorro voluntario de cada trabajador y cuando se articula mediante planes colectivos de cobertura casi universal. En el primer caso puede ampliar la desigualdad; en el segundo puede complementar la pensión pública sin exigir que cada ciudadano tome individualmente todas las decisiones de ahorro e inversión.

Una mayor contribución de las rentas altas

Los partidos de izquierda han propuesto repetidamente aumentar la tributación de las rentas y los patrimonios elevados. Algunas medidas se han aplicado parcialmente, pero su recaudación continúa siendo reducida en comparación con el volumen del sistema de pensiones.

En 2024, los impuestos sobre el Patrimonio y de Solidaridad de las Grandes Fortunas recaudaron conjuntamente aproximadamente 2.178 millones de euros, según la Agencia Tributaria.

Como referencia, en 2025 la Seguridad Social destinó 182.526 millones de euros a pensiones contributivas, recibió 176.918 millones en cotizaciones sociales y necesitó 52.990 millones en transferencias procedentes principalmente del Estado. Después de contabilizar todos sus ingresos y gastos, cerró el ejercicio con un déficit oficial de 7.387 millones, equivalente al 0,4 % del PIB, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Estas cifras no pueden compararse directamente como si todos los ingresos por cotizaciones se destinasen exclusivamente a las pensiones. Sin embargo, muestran que los impuestos patrimoniales representan aproximadamente el 1,2 % del gasto anual en pensiones contributivas.

Podemos llegó a proponer un impuesto patrimonial con el que esperaba «recaudar un 1 % del PIB de patrimonios superiores a un millón de euros», según su programa electoral de 2019. Actualmente, un punto del PIB equivaldría aproximadamente a entre 16.000 y 17.000 millones de euros.

Esa recaudación habría sido considerable, pero el impuesto no se implantó con el diseño propuesto. La recaudación conjunta obtenida por los impuestos sobre el Patrimonio y las Grandes Fortunas ha sido muy inferior: alrededor de una séptima parte de ese objetivo.Los años no son consecutivos. Las cifras están expresadas en dólares e incluyen la vivienda. Parte del aumento puede reflejar cambios metodológicos, del tipo de cambio y del precio de la vivienda. Un millón de dólares queda por debajo del mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio cuando se incluye la vivienda habitual.

Esa recaudación habría sido considerable, pero el impuesto no se implantó con el diseño propuesto. La recaudación conjunta obtenida por los impuestos sobre el Patrimonio y las Grandes Fortunas ha sido muy inferior: alrededor de una séptima parte de ese objetivo.

El debate no debería limitarse a cuánto gravar a quienes ya han acumulado patrimonio. También importa cuántas personas consiguen alcanzar niveles elevados de renta y riqueza. En 2023, menos del 0,5 % de la población presentó el Impuesto sobre el Patrimonio y apenas el 0,025 % abonó el impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Es una base fiscal extraordinariamente estrecha.

Esta base fiscal reducida no se explica únicamente por la escasez de grandes patrimonios. El Impuesto sobre el Patrimonio establece mínimos exentos elevados —con carácter general, 700.000 euros, además de hasta 300.000 euros para la vivienda habitual— y su aplicación cambia entre comunidades autónomas. Madrid lo bonificó durante años casi por completo, una de las razones por las que se creó el impuesto estatal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. El número de contribuyentes refleja tanto la distribución de la riqueza como el diseño del impuesto.

Un Estado del bienestar sostenible necesita recaudar, pero también necesita generar más contribuyentes con rentas altas, empresas productivas y patrimonio acumulado. El objetivo no debería ser únicamente repartir una cantidad de riqueza relativamente limitada, sino ampliar la base de ciudadanos y empresas capaces de aportar más. Eso exige productividad, innovación, empleo cualificado y crecimiento empresarial.

Además, la AIReF estima que, para financiar el incremento futuro del gasto en pensiones, las transferencias procedentes de otros fondos públicos o de la Administración central deberán alcanzar aproximadamente el 3 % del PIB. Esto supondrá utilizar recursos tributarios que también podrían destinarse a otras políticas públicas o recurrir a un mayor endeudamiento.

Por tanto, existe margen para aumentar la contribución de las rentas y los patrimonios elevados. Sin embargo, la recaudación observada no respalda que esta medida pueda, por sí sola, sanear completamente el sistema de pensiones. Para conseguirlo sería necesario combinarla con un mayor empleo, mejores salarios y productividad, cotizaciones suficientes y posibles reformas en el gasto o en la edad efectiva de jubilación.

Las rentas altas soportan en España tipos marginales elevados, incluso en comparación con buena parte de Europa. Dependiendo de la comunidad autónoma, el tipo máximo combinado del IRPF se sitúa aproximadamente entre el 45 % y el 54 %. En territorios como la Comunidad Valenciana alcanza el 54 %, un nivel cercano al de Francia o Austria, aunque todavía inferior al de Dinamarca. Las diferencias autonómicas pueden consultarse en la Agencia Tributaria.

Esto no significa que una persona con ingresos elevados pague ese porcentaje sobre toda su renta: se trata del tipo marginal, aplicable únicamente a la parte que supera el último umbral. Tampoco implica que todas las formas de riqueza tributen igual, ya que las rentas del capital, los salarios y el patrimonio están sujetos a impuestos diferentes.

Aun así, las cantidades que pueden obtenerse exclusivamente de las rentas y patrimonios más elevados parecen insuficientes para que el sistema de pensiones se financie únicamente con sus propios ingresos. En 2024, los impuestos sobre el Patrimonio y de Solidaridad de las Grandes Fortunas recaudaron conjuntamente unos 2.178 millones de euros, según la Agencia Tributaria.

Como referencia, en 2025 la Seguridad Social recibió 52.990 millones de euros en transferencias, procedentes principalmente del Estado, y cerró el ejercicio con un déficit de 7.387 millones incluso después de contabilizar esas aportaciones, según el Ministerio de Inclusión.

Por tanto, desde el punto de partida de que las pensiones deberían financiarse exclusivamente con las cotizaciones y los ingresos propios del sistema, aumentar los impuestos a las rentas altas podría reducir parte del desequilibrio, pero difícilmente eliminarlo por sí solo. El número de contribuyentes con ingresos verdaderamente elevados es reducido y sus tipos marginales ya se encuentran entre los más altos de Europa.

Sanear el sistema exigiría combinar esa mayor aportación fiscal con otras medidas: más trabajadores, salarios y productividad superiores, una edad efectiva de jubilación más elevada o modificaciones en el crecimiento y cálculo de las prestaciones. La alternativa es asumir que las pensiones no tienen que autofinanciarse y que una parte seguirá cubriéndose mediante impuestos generales, reduciendo los recursos disponibles para otras políticas públicas.

Más trabajadores y salarios más elevados

Aumentar el número de trabajadores y elevar los salarios actuaría directamente sobre los ingresos del sistema:

Cotizaciones = número de trabajadores × base salarial media × tipo efectivo de cotización

Esta vía tiene más capacidad recaudatoria que gravar exclusivamente a un grupo reducido de rentas altas, porque actúa sobre millones de cotizantes. Sin embargo, requiere elevar la productividad y no simplemente aumentar los salarios por decreto.

España tiene salarios inferiores a la media europea

En 2024, el salario bruto anual medio ajustado a jornada completa fue de aproximadamente:

• España: 33.700 euros
• Unión Europea: 39.800 euros
• Francia: 42.700 euros
• Alemania: 51.000 euros
• Italia: 33.500 euros

España se encontraba unos 6.100 euros por debajo de la media europea, una diferencia del 15,3 %. Los datos proceden del indicador armonizado de Eurostat, que convierte el empleo parcial en equivalentes a jornada completa para facilitar la comparación.

Si España alcanzase el salario medio de la UE, la remuneración media ajustada tendría que aumentar aproximadamente un 18 %. Si ese incremento se trasladara íntegramente a las bases de cotización, sin destruir empleo ni aumentar proporcionalmente las prestaciones, los ingresos por cotizaciones también crecerían de manera importante.

No obstante, los salarios más altos generan mayores pensiones futuras. Por eso, lo que sanea estructuralmente el sistema no es una subida salarial puramente nominal, sino el crecimiento sostenido de la productividad, el empleo y los salarios reales.

España también tiene margen para aumentar el empleo

La tasa de empleo de las personas de entre 20 y 64 años fue del 71,4 % en España, frente al 75,8 % de la UE en 2024. Alemania alcanzó el 81,3 % y Dinamarca el 80,2 %, según Eurostat.

Además, España registró el mayor nivel de infrautilización laboral de la UE:

• España: 19,3 %
• Unión Europea: 11,7 %

Este indicador incluye desempleados, trabajadores parciales que desean trabajar más horas y personas disponibles que no están buscando activamente. Puede consultarse en Eurostat.

Por tanto, España no necesita obtener todos los nuevos cotizantes exclusivamente mediante inmigración o crecimiento demográfico. También existe margen para movilizar parte de la población que ya reside en el país.

Si España alcanzase simultáneamente:

• la tasa de empleo media europea, y
• el salario medio europeo,

la masa salarial potencial sería, de forma puramente aritmética, aproximadamente un 25 % mayor:

1,062 por mayor empleo × 1,181 por mayores salarios ≈ 1,254

No significa que la recaudación aumentase automáticamente un 25 %, pero sí muestra que empleo y salarios ofrecen una base potencial mucho más amplia que un impuesto concentrado exclusivamente en el 1 % con mayores ingresos.

España está dominada por pequeñas empresas

El tejido empresarial español está compuesto, en gran medida, por microempresas: representan el 94,56 % del total, frente al 94,33 % en la Unión Europea. Las grandes empresas, por su parte, apenas suponen el 0,14 %.

La diferencia más relevante aparece en el empleo. En España, las grandes empresas concentran el 34,8 % de los trabajadores, frente al 46,2 % en Francia y el 44,8 % en Alemania. Estas compañías suelen ofrecer salarios más altos y emplear a una mayor proporción de trabajadores con estudios superiores.

A esto se suma el elevado desempleo español. En 2025, la tasa de paro entre las personas con educación superior fue del 5,7 % en España, frente al 3,6 % de la Unión Europea. Esta situación favorece que parte de la población trabaje en puestos para los que está sobrecualificada y revela una oferta insuficiente de empleos productivos y bien remunerados. Un mayor número de estos puestos elevaría los salarios y, con ellos, las cotizaciones que financian el sistema.

Los trabajos de menor cualificación también sostienen el sistema mediante sus cotizaciones. Sin embargo, en 2025 España mantuvo una tasa de paro del 10,5 %, frente al 6,0 % de la Unión Europea. A esto se suma una temporalidad todavía superior a la media europea y una estructura salarial que limita las cotizaciones de una parte importante de los trabajadores.

El problema no consiste simplemente en que los jóvenes prefieran la universidad a la Formación Profesional. España tiene una proporción de jóvenes con estudios superiores claramente superior a la media europea, pero también la mayor tasa de sobrecualificación de la UE: el 35 % de los trabajadores con estudios superiores ocupa puestos que no requieren esa formación. Al mismo tiempo, la inserción laboral de los recién titulados de FP media es sensiblemente peor que en el conjunto de la Unión.

Lo que aparece es un desajuste entre formación y mercado laboral. Sobran titulados para determinados empleos, faltan perfiles técnicos en algunas ocupaciones concretas y muchas empresas no generan suficientes puestos cualificados y bien remunerados. El resultado es una economía que desaprovecha parte de su capital humano y recauda menos mediante cotizaciones de lo que permitirían unos niveles mayores de empleo, productividad y salarios.

Economía sumergida, corrupción y crecimiento empresarial

No menos importante es la existencia de actividades económicas que escapan al control fiscal y laboral. El empleo no declarado, la facturación oculta y el fraude reducen la recaudación tributaria y las cotizaciones sociales. Sin embargo, ese dinero no iría directamente a la hucha de las pensiones: aumentaría los ingresos generales del Estado y de la Seguridad Social, proporcionando más margen para financiar pensiones u otras políticas públicas.

La corrupción produce un daño diferente. Además del dinero desviado o malgastado, deteriora la confianza institucional, reduce la competencia y favorece que los contratos y recursos públicos no se asignen a las empresas más eficientes. España no se encuentra entre los países más corruptos del mundo ni entre los peores de Europa, pero obtiene resultados claramente inferiores a los de las democracias del norte europeo. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 obtuvo 55 puntos sobre 100 y ocupó el puesto 49 de 182 países. Este indicador mide corrupción percibida en el sector público, no el dinero efectivamente sustraído. Transparencia Internacional

La economía sumergida tampoco puede explicarse únicamente por la voluntad de no pagar impuestos. En algunos casos existe fraude deliberado; en otros, influyen la precariedad, la escasa productividad y la complejidad administrativa. Esto no justifica el incumplimiento, pero ayuda a comprender por qué determinadas actividades permanecen fuera de la economía formal.

España ha mejorado el proceso inicial de constitución de empresas: la OCDE considera que actualmente abrir una sociedad resulta algo menos complejo que la media europea de la organización. El principal problema aparece después, cuando una empresa intenta contratar, invertir y crecer. Las pymes se enfrentan a normas laborales, fiscales y administrativas cambiantes, diferencias regulatorias entre comunidades autónomas y más de cien obligaciones vinculadas a determinados umbrales de tamaño. Estos saltos regulatorios pueden incentivar a algunas empresas a mantenerse pequeñas. OCDE

Facilitar el crecimiento empresarial no significa permitir que las compañías dejen de pagar impuestos o incumplan los derechos laborales. Significa reducir duplicidades, ofrecer reglas estables, digitalizar trámites y sustituir los saltos regulatorios por obligaciones progresivas. Si queremos empresas más grandes, productivas y capaces de contratar con mejores salarios, debemos hacer que crecer resulte atractivo sin convertir la reducción de controles en una invitación al fraude.

El principal problema español no parece estar únicamente en crear empresas, sino en conseguir que prosperen y alcancen una escala mayor. Entre las compañías que sobreviven sus primeros cinco años, el empleo aumenta un 67 % en la industria española, frente al 102 % de media internacional. En los servicios, la diferencia es todavía mayor: un 36 % en España frente al 77 %.

Esto no demuestra que la regulación sea la única causa. La OCDE también señala dificultades de financiación, menor inversión tecnológica, poca actividad innovadora, escasez de determinadas capacidades profesionales y más de cien regulaciones vinculadas al tamaño de las empresas. El resultado es un tejido empresarial capaz de crear pequeños negocios, pero con mayores dificultades para convertirlos en compañías medianas y grandes.

El objetivo debería ser doble: dificultar que una actividad rentable permanezca oculta y facilitar que una empresa que cumple las normas pueda nacer, contratar y crecer. Ambas medidas ampliarían las bases fiscales y las cotizaciones que sostienen el sistema de pensiones.

Qué enseñan los modelos internacionales

Un sistema mixto combina el régimen público de reparto con mecanismos de ahorro y capitalización. Una parte de la pensión se financia con las cotizaciones de los trabajadores actuales, mientras que otra procede del capital acumulado en planes de empleo o cuentas individuales.

Su objetivo es repartir el riesgo entre distintas fuentes de ingresos y reducir la dependencia exclusiva de las cotizaciones. Sin embargo, su resultado depende de cómo se diseñe: qué parte sigue siendo pública, quién aporta al ahorro, cómo se invierte y qué protección reciben quienes tienen salarios bajos o carreras laborales irregulares.

No todos los sistemas de capitalización son iguales

La crítica más habitual desde la izquierda española señala los resultados de Chile o Argentina. Es una advertencia relevante, pero ambos casos responden a circunstancias distintas de las de los países del norte de Europa. El modelo chileno descansó durante décadas principalmente en cuentas individuales administradas por entidades privadas. Los trabajadores con salarios bajos, desempleo o periodos de informalidad acumularon poco capital, de modo que el Estado tuvo que ampliar progresivamente el pilar solidario. La propia OIT describe su evolución reciente como el paso desde un sistema centrado en la capitalización individual hacia otro con componentes complementarios de solidaridad y reparto.

Argentina introdujo cuentas privadas en 1994 y las integró de nuevo en el sistema público en 2008. La operación ocurrió durante la crisis financiera internacional, pero también estuvo relacionada con los problemas fiscales del Estado y con una pérdida de confianza en las administradoras privadas. Por ello, su experiencia tampoco permite concluir que cualquier componente capitalizado termine necesariamente de la misma forma.

Dinamarca, Suecia y Países Bajos utilizan una arquitectura diferente. Mantienen una pensión pública y añaden planes colectivos de empleo negociados por sectores, con participación obligatoria o cuasiobligatoria, aportaciones empresariales y una cobertura muy elevada. No dependen exclusivamente de decisiones individuales de ahorro. Según la OCDE, estos planes aportan alrededor del 43% de la tasa de sustitución en Dinamarca y del 46% en Países Bajos.

La tasa de sustitución sueca puede parecer reducida, pero no significa que los jubilados reciban únicamente una pequeña pensión pública. El cálculo incorpora la pensión contributiva, el componente público capitalizado y los planes colectivos de empleo. Para un trabajador con salario medio, la OCDE estima una pensión bruta equivalente al 63,7% de sus ingresos laborales y una tasa neta del 66,3%. El sistema no elimina la pobreza ni las desigualdades de género, pero la pobreza entre mayores de 65 años se sitúa en el 7,3%, casi seis puntos por debajo de España.

La discusión, por tanto, no debería reducirse a elegir entre reparto público o privatización. Las cuestiones decisivas son si existe una pensión pública suficiente, si el segundo pilar es individual o colectivo, si incluye a los trabajadores con menores ingresos y quién asume los riesgos de mercado, longevidad y desempleo.

Chile muestra los riesgos de trasladar demasiado peso y responsabilidad al individuo; los países nórdicos muestran que la capitalización también puede organizarse de forma colectiva. La diferencia no está únicamente en invertir las cotizaciones, sino en quién asume el riesgo y quién queda protegido cuando el ahorro no es suficiente.

Conclusiones

No existe una única solución al problema de las pensiones. Existen marcos ideológicos que priorizan objetivos diferentes y empujan hacia distintos modelos de financiación. Tanto los sistemas públicos de reparto como los sistemas mixtos han demostrado que pueden funcionar, pero también que pueden fracasar cuando se aplican en circunstancias económicas, laborales e institucionales diferentes. Las comparaciones son posibles, aunque deben hacerse teniendo en cuenta esas diferencias.

En el sistema español, por ejemplo, que el Estado transfiera recursos para complementar las cotizaciones no constituye necesariamente un fracaso. Es una decisión política. La cuestión es si estamos dispuestos a dedicar una proporción creciente del presupuesto y del PIB a las pensiones, especialmente cuando esos recursos también podrían destinarse a sanidad, educación, vivienda, reducción de deuda o innovación. No hay una respuesta puramente técnica: depende de qué necesidades consideremos prioritarias y de cómo distribuyamos el coste entre generaciones.

El sistema actual puede continuar funcionando mientras el Estado conserve capacidad para recaudar, endeudarse y reasignar recursos. Pero su sostenibilidad no significa que carezca de costes. Proteger íntegramente las pensiones puede limitar el margen disponible para financiar políticas capaces de elevar la productividad, los salarios y las cotizaciones futuras. La pregunta no es solamente si podemos pagar las pensiones actuales, sino qué dejamos de financiar para hacerlo y quién asumirá ese coste.

Los sistemas mixtos también pueden funcionar, como muestran Dinamarca, Suecia o Países Bajos. Sin embargo, su éxito no descansa únicamente en que los ciudadanos ahorren individualmente. Estos países cuentan con salarios más elevados, mercados laborales más estables, instituciones financieras sólidas y planes colectivos de empleo con una cobertura muy amplia. El riesgo se distribuye entre trabajadores, empresas y Estado, en lugar de recaer exclusivamente sobre cada individuo.

Chile demuestra los riesgos de confiar demasiado en cuentas individuales cuando existen salarios bajos, informalidad y carreras laborales discontinuas. Austria, en cambio, muestra que un sistema predominantemente público puede ofrecer pensiones elevadas, pero exige cotizaciones y gasto público igualmente elevados. Los países nórdicos enseñan una tercera posibilidad: mantener una protección pública y complementarla mediante ahorro colectivo capitalizado.

En última instancia, el debate no consiste en elegir entre un sistema que funciona y otro que fracasa. Consiste en decidir quién aporta, quién asume el riesgo y quién queda protegido cuando las cotizaciones, el ahorro o los mercados no producen lo esperado. Todas las alternativas tienen costes. La diferencia es dónde se sitúan esos costes, cómo se reparten entre generaciones y qué otras prioridades estamos dispuestos a posponer.

Mi opinión: el problema está en el modelo productivo

Más allá de elegir entre el sistema actual y uno mixto, España debería concentrarse en aumentar el empleo cualificado, la productividad y la inversión en innovación. Necesitamos ofrecer a universitarios y técnicos puestos de trabajo con salarios y condiciones comparables a los europeos. Para conseguirlo no basta con atraer empresas extranjeras: también debemos ser capaces de crear compañías propias que compitan internacionalmente y desarrollen industrias de alto valor añadido.

España forma a una generación cada vez más cualificada, pero no genera suficientes empleos acordes con esa formación. En 2024, el 35% de los trabajadores con estudios superiores estaba sobrecualificado para su puesto, frente al 21,5% de la Unión Europea y menos del 15% en Suecia o Países Bajos. Además, alrededor del 60% de las personas nacidas en España que emigraron en 2022 tenía estudios universitarios. El Estado participa en el coste de su educación, pero parte de ese capital humano termina produciendo, innovando y cotizando en otros países. Eurostat, Banco de España

La inmigración ayuda a ampliar la población activa y ha generado aproximadamente el 45% del crecimiento neto del empleo español en los últimos años. Sin embargo, no puede sustituir una estrategia de productividad. Una parte considerable de los recién llegados trabaja en ocupaciones de baja cualificación y bajos salarios; incluso quienes poseen estudios superiores sufren una elevada sobrecualificación. El problema no es el origen de los trabajadores, sino una economía incapaz de aprovechar plenamente el talento, tanto nacional como extranjero. OCDE

El turismo y los servicios de menor valor añadido seguirán siendo importantes, pero no resolverán por sí solos el envejecimiento, los bajos salarios ni la financiación futura de las pensiones. Incorporar más trabajadores ayuda a corto plazo; conseguir que produzcan más valor y reciban mejores salarios fortalece el sistema de manera duradera, porque también eleva las cotizaciones por trabajador.

Por eso, mi prioridad no sería únicamente reformar las pensiones, sino transformar la economía que debe financiarlas. Más inversión en I+D, empresas capaces de crecer, una formación profesional conectada con la industria y mejores oportunidades para los jóvenes permitirían elevar salarios y cotizaciones sin depender exclusivamente de aumentar los tipos contributivos, retrasar la jubilación o recurrir continuamente al presupuesto público. Ningún modelo de pensiones será realmente sólido si se apoya sobre empleos precarios, salarios bajos y una economía incapaz de retener el talento que forma.

También mantengo una posición crítica respecto a nuestra clase política. En mi opinión, España no cuenta hoy con suficientes dirigentes capaces de liderar una transformación económica de esta magnitud. No necesariamente por falta de inteligencia o compromiso, sino porque los partidos seleccionan y promocionan perfiles con experiencia principalmente política, jurídica o comunicativa, mientras que la industria, la ciencia, la tecnología y la gestión empresarial están poco representadas.

El problema no es haber estudiado ciencias sociales, sino la homogeneidad de trayectorias y la falta de experiencia fuera de las estructuras partidistas. Transformar el modelo productivo exige comprender cómo se crea una empresa, cómo se financia la innovación, cómo compite una industria y por qué el talento decide permanecer en un país o marcharse. Cuando quienes diseñan estas políticas apenas han trabajado en esos ámbitos, resulta más fácil anunciar ayudas, aprobar normas o construir relatos que ejecutar una estrategia industrial coherente durante varias décadas.

Además, nuestro sistema político recompensa el resultado electoral inmediato, mientras que las reformas educativas, industriales y científicas necesitan continuidad y producen resultados mucho después de una legislatura. Así, el debate termina concentrándose en cómo distribuir los recursos existentes —pensiones, impuestos o subvenciones— y no en cómo aumentar la productividad y generar más riqueza para sostenerlos.

Esta es, probablemente, mi conclusión más pesimista: España conoce buena parte de sus problemas, pero carece de instituciones políticas capaces de mantener una estrategia a largo plazo, incorporar conocimiento técnico y ejecutarla con independencia del ciclo electoral. Sin esa capacidad, cualquier reforma de las pensiones será poco más que una manera distinta de repartir las mismas limitaciones.

Mi posición sobre las pensiones

Mi opinión es que, si un sistema mixto permite reducir gradualmente el peso de las pensiones sobre el presupuesto público sin deteriorar la protección de los jubilados, merece ser considerado. Liberar parte de esos recursos podría ampliar el margen para invertir en educación, sanidad, innovación, industria y empleo cualificado: precisamente las áreas que determinarán nuestra capacidad futura para financiar el Estado del bienestar.

Pero esa transición no consiste simplemente en recortar la pensión pública y pedir a cada trabajador que ahorre por su cuenta. Para que funcione, necesita salarios suficientes, aportaciones empresariales, planes colectivos con amplia cobertura, comisiones reducidas, una regulación sólida y protección para quienes tienen ingresos bajos o carreras laborales discontinuas. Sin esas condiciones, el sistema mixto no repartiría mejor el riesgo: lo trasladaría del Estado a quienes tienen menor capacidad para asumirlo.

Por eso, aunque considero razonable explorar esta vía, no confío plenamente en la capacidad de ejecución de algunos de los dirigentes que la defienden. Presentar la capitalización como una solución aislada, sin transformar antes el modelo productivo, puede terminar creando un sistema desigual: buenos planes para quienes disfrutan de salarios elevados y empleos estables, y una protección insuficiente para el resto.

Un sistema mixto podría formar parte de la solución, pero no sustituye una política económica. Si España no crea empleos más productivos, eleva los salarios y reduce la precariedad, cambiar el mecanismo de financiación no resolverá el problema de fondo. Solo cambiará quién lo soporta.